Con esa frase, Agustín Diez volvió a exponer públicamente el miedo que siente por su hija de 7 años. Su testimonio, crudo y directo, refleja una preocupación que no empezó ahora: según cuenta, hace seis años que pide la tenencia y que presenta pruebas de episodios que lo alertaban sobre la estabilidad emocional de su expareja.
Agustín, en diálogo con TN, sostuvo que advirtió varias veces a la Justicia sobre amenazas, mensajes inquietantes y conductas que le generaban alarma. Asegura que, pese a esos antecedentes, nunca se modificó el régimen de cuidado de la nena. Su voz hoy es la de un padre que siente que agotó todas las vías institucionales y que ahora busca ser escuchado antes de que sea demasiado tarde.
El ataque en septiembre y la decisión judicial que generó polémica
El episodio que puso a la familia en el centro de la escena ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando, según la denuncia, la mujer habría intentado degollar a su hija dentro de la casa donde vivían juntas. La nena sobrevivió y hoy está al resguardo de su papá.
Tras el ataque, la causa pasó rápidamente a pericias psiquiátricas. La justicia de 9 de Julio resolvió declarar inimputable a la mujer y ordenó su libertad bajo ciertas medidas, una determinación que dejó en shock al padre y a buena parte de la comunidad local. Para Agustín, la situación volvió a confirmar su sensación de desprotección: teme que la falta de restricciones firmes deje abierta la posibilidad de un nuevo episodio.
Años de advertencias y un sistema que no reaccionó a tiempo
Agustín sostiene que no se trató de una acción aislada. En sus declaraciones públicas recordó que ya había presentado pruebas de posibles amenazas y episodios que lo habían preocupación: desde mensajes donde su expareja insinuaba hacerse daño hasta situaciones en las que habría puesto en riesgo su propia integridad y la de su hija.
“Vengo pidiendo la tenencia hace seis años”, repite cada vez que vuelve a contar su historia. Su sensación es que todo quedó registrado, pero sin una respuesta efectiva. Ese recorrido, según describe, explica la desesperación con la que hoy pide medidas claras, contundentes y sostenidas en el tiempo.
Salud mental, responsabilidad judicial y una decisión que abre debate
Los informes psiquiátricos concluyeron que la mujer estaba orientada en tiempo y espacio y no recomendaron una internación prolongada. La declaración de inimputabilidad -y la posterior libertad- abrió cuestionamientos sobre cómo se evalúan los riesgos en contextos donde hay niñas y niños involucrados.
El caso vuelve a mostrarse como un punto crítico donde se cruzan tres sistemas que deberían operar de forma coordinada: la Justicia penal, la Justicia de familia y los equipos de salud mental. Cuando no lo hacen, la vulnerabilidad recae siempre en la infancia.
El eco del caso Dupuy: una advertencia que nadie quiere volver a escuchar
Cada vez que Agustín habla, menciona a Lucio Dupuy. No lo hace para comparar historias, sino para remarcar un miedo: que la falta de medidas de protección derive en una tragedia evitable. El crimen de Lucio en 2021 impulsó cambios legales, capacitaciones y un debate nacional sobre la responsabilidad del Estado frente a denuncias previas.
“Lo que no quiero es que mi hija sea otro Lucio”, repite Agustín. Su frase resume el pedido de muchos familiares que, después de un episodio extremo, afirman que ya habían pedido ayuda antes, sin obtener respuestas.
El caso de 9 de Julio vuelve a instalar la pregunta: ¿qué tan preparados estamos para actuar a tiempo cuando una infancia está en riesgo?
Una nena que intenta recuperar su día a día y un padre que no baja los brazos
Mientras se discuten medidas y responsabilidades, la prioridad hoy es la recuperación emocional de una nena de 7 años. Está bajo el cuidado de su papá, retomando de a poco la escuela y su rutina.
Agustín continúa con presentaciones judiciales para conseguir la tenencia definitiva y busca que se extremen las restricciones de contacto. Según explicó en reiteradas oportunidades, su objetivo es el mismo desde hace años: garantizar que su hija crezca segura.
El caso deja abierta una reflexión urgente: cómo fortalecer los mecanismos de alerta y garantizar que las denuncias por violencia o riesgo infantil se traduzcan en acciones claras, rápidas y efectivas.
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