En las últimas horas, se dieron a conocer más información sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Se trata de un acuerdo privado que los involucrados habrían firmado antes del escándalo con Eugenia "La China" Suárez, actual pareja del futbolista del Galatassaray.
Desde el programa DDM aseguraron que no hubo un robo de 7 millones de euros por parte de la empresaria sino que fue un reparto consensuado. Sin embargo, Icardi había escrachado en las redes sociales a la madre de sus hijas tildándola de ladrona y mentirosa.
Con este nuevo giro, Wanda tendría material que la respalde y que verifique su versión de los hechos. También se mostró parte del pedido de la separación judicial, un escrito de 25 hojas que detalla el patrimonio de ambos, los ingresos de la empresaria y el crecimiento económico del matrimonio.
Por otro lado, el abogado de Nara en Italia habría confirmado que el divorcio se encuentra avanzado y que la sentencia podría conocerse en el corto plazo, dado el interés del tribunal en acelerar la resolución.
Qué es lo que solicitó Mauro Icardi a la Justicia
En la demanda presentada ante la Justicia, Icardi solicita que la ruptura matrimonial sea atribuida con culpa exclusiva a Wanda, con el objetivo de que la empresaria no perciba manutención ni pensión económica. Según su planteo legal, Wanda Nara cuenta con independencia económica y un patrimonio millonario, por lo que no correspondería ningún tipo de compensación tras la separación.
En ese marco, el jugador enumera una serie de situaciones que, de acuerdo con su postura, habrían provocado el quiebre definitivo de la relación y afectado tanto la convivencia como su imagen pública. Entre los puntos mencionados figura el presunto abandono del hogar conyugal en Estambul, el incumplimiento de los deberes matrimoniales y la relación pública de Wanda con el cantante L-Gante, que habría tenido un fuerte impacto mediático.
Además, en la presentación judicial se hace referencia a la exposición reiterada de la intimidad familiar y a distintos movimientos patrimoniales, entre ellos operaciones vinculadas a propiedades en Milán y a una suma cercana a los 7 millones de euros, que forman parte del conflicto económico entre ambas partes.
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