Por años escuché historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: "No sabía a dónde ir" o "tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron". Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), acompañé a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que sobrevivieron a la violencia sexual. Aprendí que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma.
La violencia continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vivís lejos y no tenés un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.
En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula y Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar y en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa.
La urgencia de ser atendidas
En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por "el amor de su vida".
Acompañamos a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.
La importancia de las 72 horas
Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis post exposición); 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis.
Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas. En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos en Reynosa, Matamoros, Coatzacoalcos, Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir el 8,8%, fueron atendidos durante las primeras 72 horas posteriores a la agresión.
Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia. La violencia sexual es una urgencia médica. No puede esperar a que amanezca ni quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no solo previene infecciones o embarazos no deseados, sino que también reduce el impacto del trauma y salva vidas.
El camino hacia una atención digna
Mi trabajo me permitió ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto y cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía y de su poder.
Pero también vi lo contrario: cómo el estigma hiere por segunda vez y cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos. El silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha. Los 261 casos detectados por MSF son solo una fracción de una realidad más amplia, pero revelan las fallas que deben atenderse con urgencia.
Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que se garantice una atención médica oportuna, con servicios disponibles las 24 horas, insumos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles. No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.
Fuente: Karla Gutiérrez, Gestora de Asuntos Humanitarios de MSF en México
