A más de nueve meses del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años que había desaparecido el 26 de julio de 1984, la causa judicial sumó un nuevo giro. El fiscal Martín López Perrando amplió la investigación al círculo familiar de Cristian Graf, el principal acusado, cuyo sobreseimiento fue anulado a fines de noviembre pasado.
La decisión implica analizar el rol de quienes vivían en la casa de avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan, donde fueron encontrados los restos óseos del joven en mayo del año pasado.
La ampliación de la investigación
Luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones revocara el sobreseimiento de Graf y ordenara volver a investigar su posible participación, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 solicitó nuevas medidas.
Según trascendió, el fiscal amplió la investigación y pidió información laboral y societaria tanto del padre ya fallecido de Graf, Federico Alberto Graf, como de su madre, Susana Elena Grassle, actualmente de 87 años. También requirió datos al entonces ARCA (ex AFIP) y a organismos oficiales para determinar si alguno de ellos había ocupado cargos públicos o integrado fuerzas de seguridad.
Los informes preliminares indicaron que los padres del acusado habían conformado una sociedad comercial que se disolvió tras el fallecimiento del padre. Hasta el momento, no surgieron vínculos con el Estado ni con fuerzas de seguridad.
Martín Díaz, abogado defensor de Cristian Graf y ahora también de su familia, sostuvo que sus representados no tienen relación con el crimen. “Toda persona ajena al hecho no tiene por qué ser investigada”, expresó, y cuestionó la línea de trabajo del fiscal. Sin embargo, la investigación a los padres de Graf continúa.
Un crimen que permaneció oculto durante cuatro décadas
Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Ese día regresó del colegio, almorzó con su madre y salió de su casa tras pedir dinero para tomar un colectivo. Al no regresar, su familia denunció la desaparición en la entonces Comisaría 39° de la Policía Federal, donde el caso fue inicialmente asentado como una “fuga de hogar”.
Durante años, sus padres impulsaron la búsqueda con panfletos y apariciones en medios de comunicación. El padre del joven murió sin conocer el destino de su hijo.
El 20 de mayo pasado, obreros que realizaban tareas en una propiedad de avenida Congreso 3748 hallaron restos óseos tras un desmoronamiento de tierra proveniente del jardín de la vivienda lindera, ubicada en el 3742, donde vivía la familia Graf desde la década del ’70.
El caso quedó en manos del fiscal López Perrando, quien dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tras analizar 151 fragmentos óseos, los especialistas determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Además, establecieron que hubo un intento de desmembramiento posterior al crimen y que el cuerpo fue enterrado en una fosa improvisada a unos 60 centímetros de profundidad.
Junto a los restos aparecieron diversos objetos: una moneda japonesa, un reloj Casio con calculadora fabricado en 1982, un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata de uniforme colegial. Estos elementos ayudaron a situar el hecho en la década del ’80 y aportaron indicios sobre la identidad de la víctima.
Cómo sigue la causa
Mientras el fiscal aguarda los resultados de nuevas diligencias, la investigación continúa abierta y sin imputaciones firmes. La anulación del sobreseimiento de Graf reactivó un expediente que busca esclarecer qué ocurrió con Diego Fernández Lima y si existieron responsabilidades más amplias dentro del entorno donde fue hallado el cuerpo.
Cuarenta años después de su desaparición, el caso vuelve a moverse en los tribunales, aunque todavía persisten más interrogantes que certezas.
