El paisaje de Eden Prairie, en Minnesota, tiene esa prolijidad de colinas verdes y vistas al río que parecen garantizar la felicidad. Pero para Patricia, ese suburbio fue una jaula de cristal. Criada en una familia evangélica, su mundo era rígido y opresivo. A los 12 años, sumergida en una depresión profunda tras haber sido víctima de abusos sexuales, buscó ayuda en una línea telefónica para personas en crisis. El hombre que atendió su llamado, un seminarista de 25 años llamado Tim, terminó convirtiéndose en su captor legal. A los 13 años, Patricia quedó embarazada.

En aquel sótano de Minnesota, mientras Tim lloraba por la noticia, Patricia enfrentó una sentencia peor que el embarazo temprano. Su madre no la abrazó; la culpó de haber "deshonrado a la familia". La solución para remediar la vergüenza, según el mandato materno, era casarse. “Mi madre fue muy clara: lo único que podía hacer era casarse con ese hombre y ser una buena esposa”, recuerda Patricia hoy, con la claridad que solo da el tiempo y el dolor procesado.
Una travesía por el sur para burlar la ley
Como en Minnesota el matrimonio infantil estaba prohibido, su padre firmó el consentimiento y la familia emprendió un viaje por carretera hacia el sur, buscando un tribunal que aceptara el trámite. En Kentucky les dijeron que eran demasiado jóvenes, y tenían razón: Patricia era apenas una nena. Pero en Alabama, el condado de Lauderdale les abrió las puertas.
No hubo vestido blanco ni flores. El matrimonio se selló en un pálido despacho judicial. “Yo no firmé mi acta de matrimonio. Mi madre firmó por mí. Entregó mi vida a un hombre”, relata Lane con una crudeza que estremece. Lo primero que hizo Patricia al salir con el certificado en la mano fue correr al parque de enfrente y hamacarse. Fue un impulso final de la infancia que le estaban arrebatando, un acto que desató la furia de su madre y de su flamante marido. En ese balanceo, Patricia intentaba retener algo que ya no le pertenecía.
El vacío legal que legitima el abuso
Lo que parece una historia de otra época es, en realidad, una herida abierta en la legislación estadounidense. Aún en 2025, solo 16 estados prohíben el matrimonio antes de los 18 años sin excepciones. En lugares como California, Misisipi o Nuevo México, un menor de cualquier edad puede casarse con el consentimiento de sus padres. Según Anastasia Law, de la organización Equality Now, estas excepciones no hacen más que “legitimar relaciones y actos de explotación que se considerarían abuso infantil”.

El embarazo, lejos de ser una protección, funciona como el motor de estas uniones forzadas. Patricia quería ser madre, deseaba con fuerzas criar a su bebé, pero el precio fue el aislamiento total. “Mi marido no me permitía tener amigos. Estaba completamente sola”, describe. El matrimonio infantil no es solo un contrato; es la interrupción de la educación y la destrucción de la red social de una niña, volviéndola absolutamente dependiente de su cónyuge.
Secuelas que no se borran con el tiempo
Años más tarde, Patricia logró divorciarse y dar a su hija en adopción, una decisión difícil que marcó su camino hacia la recuperación. Sin embargo, las huellas del aislamiento persisten. A sus casi 60 años, confiesa que todavía le cuesta confiar en los grupos de personas y en sí misma. Perdió años de escuela y, sobre todo, perdió la capacidad de sentirse segura en el mundo.
El activismo de mujeres como Patricia es lo que hoy impulsa cambios en las leyes de Estados Unidos para prohibir el matrimonio infantil. Ella combate el mito de que esto solo sucede en países lejanos o religiones extremistas. Sucede ahí, en los suburbios de las grandes potencias, bajo la apariencia de legalidad. Su mensaje para quienes defienden que a los 16 años ya existe el "amor verdadero" es contundente: “Si es así, seguirá siendo amor verdadero cuando tengan 18”. Cuarenta y cinco años después de aquel viaje a Alabama, Patricia sigue trabajando para que ninguna otra niña tenga que hamacarse frente a un tribunal después de haber perdido su libertad.
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