Hay historias que no deberían contarse nunca, pero que nos obligan a mirar de frente las grietas del sistema. El último domingo de Pascuas, la vida de Ángel, un nene de apenas 4 años, se apagó en la terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Lo que empezó como una descompensación en la casa de su madre biológica, Mariela Altamirano, terminó revelando una realidad mucho más compleja y dolorosa tras la autopsia: el pequeño presentaba lesiones internas en la cabeza.
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Para Luis López, su papá, el diagnóstico no fue una sorpresa sino la confirmación de su peor temor. "A mi hijo lo mataron", afirmó con una claridad que hiela la sangre. Detrás de sus palabras hay una trama de advertencias ignoradas y un historial de violencia que, al salir a la luz, pone en duda la idoneidad de la decisión tomada por el juez Juan Pablo Pérez.
Un cambio de vida bajo sospecha
Hasta hace poco tiempo, el mundo de Ángel era muy distinto. El nene creció rodeado de afecto junto a su padre y a Lorena Andrade, la mujer que lo crió y a quien sentía como su familia. Sin embargo, el 4 de noviembre pasado, la Justicia ordenó iniciar un proceso de revinculación forzoso, entregando la custodia a Altamirano.
Lo que genera indignación es que, según se supo ahora, la mujer ya cargaba con un pasado oscuro: denuncias por maltrato en otras provincias y un antecedente que debería haber sido una señal de alerta definitiva: ya le habían retirado la tenencia de otro hijo por violencia.
Las dudas que rodean a la investigación
Hoy, el fiscal Facundo Oribones intenta reconstruir ese pasado. Se pidió información a Misiones y Corrientes para certificar los antecedentes de la mujer, mientras ella y su pareja permanecen imputados pero en libertad. El fiscal Cristian Olazábal los señala como los principales sospechosos, dado que eran quienes estaban a cargo del niño en el momento de su descompensación.
Por su parte, Altamirano niega los cargos y sostiene que ella intentó proteger a su hijo. Sin embargo, las pericias forenses hablan de un cuadro de maltrato que no parece ser un hecho aislado. El caso inevitablemente nos trae el recuerdo de Lucio Dupuy y nos obliga a preguntarnos si las decisiones judiciales en procesos de revinculación priorizan realmente el bienestar del menor o se pierden en la burocracia de los expedientes.
Un sistema que llegó tarde
La tragedia de Ángel no es solo un hecho policial; es el reflejo de una cadena de negligencias. La familia paterna asegura que advirtió sobre los riesgos, pero el sistema judicial siguió adelante con su plan. Hoy, mientras se realizan allanamientos en la casa del barrio Máximo Abásolo para encontrar pruebas de lo que ocurría puertas adentro, queda claro que las señales estaban ahí.
El interrogante ahora es cómo se permitió que un niño regresara a un entorno del que otros ya habían sido rescatados. Mientras la justicia busca respuestas en informes provinciales, la sociedad exige que este caso sea un punto de inflexión para que ninguna otra infancia quede desprotegida bajo el amparo de una firma judicial.
