En las últimas horas se conoció un caso estremecedor ocurrido en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Fernando Dell’Arciprete, un hombre de 44 años, asesinó a su esposa y a sus dos hijos menores de edad, y luego se suicidó. Según informó el medio La Voz del Pueblo, Fernando tenía antecedentes de salud mental y habría dejado su tratamiento psiquiátrico tiempo antes del hecho.
El impacto fue inmediato: los vecinos no podían creer lo sucedido, ya que lo describían como alguien amable, presente en actividades escolares y “sin señales evidentes” de lo que iba a pasar.
El antecedente cercano: la masacre de Villa Crespo
Este caso guarda un inquietante paralelismo con otra tragedia reciente ocurrida en Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Allí, Laura Leguizamón, de 51 años, asesinó a su pareja y a sus dos hijos, y luego se quitó la vida. Según se supo después, Laura también había abandonado su medicación y tratamiento psiquiátrico.
Ambas historias comparten una misma raíz: detrás de cada tragedia había un cuadro mental desatendido, una persona que había interrumpido su tratamiento, y una red de contención —profesional o familiar— que no alcanzó a prevenir el desenlace.
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El trasfondo común: tratamientos interrumpidos y una red que no alcanza
En los últimos años, Argentina viene impulsando un modelo de salud mental que busca evitar el encierro prolongado en hospitales psiquiátricos y, en cambio, favorecer la atención ambulatoria e integrada en la comunidad. Sin embargo, la falta de recursos, equipos interdisciplinarios y seguimiento hace que muchos pacientes no tengan el acompañamiento necesario para sostener sus tratamientos.
Expertos advierten que los trastornos mentales graves no desaparecen solos y que la discontinuación de la medicación puede generar brotes psicóticos con consecuencias irreparables. Tal como explicamos en esta nota de Para Ti sobre qué es un brote psicótico, este tipo de episodios puede alterar por completo la percepción de la realidad y llevar a conductas extremas.
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Una tragedia que interpela
Estos dos casos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad urgente de revisar cómo se aborda la salud mental en el país. ¿Hay suficientes dispositivos de contención? ¿Qué pasa cuando alguien interrumpe su medicación? ¿Quién debe intervenir y cómo?
Mientras las investigaciones judiciales avanzan, el dolor de las familias y comunidades afectadas deja una huella profunda. Pero también deja una advertencia: la salud mental no puede seguir siendo invisible ni postergada.
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