Amenazas en baños de escuelas, policías en las puertas, familias que no mandan a sus hijos. Antes de buscar culpables, hay una pregunta más urgente que nadie está haciendo.
"Mañana mueren todos." Un mensaje escrito en el baño de una escuela. Una cuenta de Instagram con doscientos seguidores. Un reto viral en TikTok que se replica de provincia en provincia. Esta semana, mientras escribo estas líneas, hay escuelas con policías en la puerta en Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Hay familias que eligieron no mandar a sus hijos. Hay docentes que no encuentran en ningún protocolo una respuesta que les sirva.
Y hay un sistema que sigue respondiendo con las mismas herramientas de siempre a un problema que no existía hace diez años.
Desde mi rol como psicopedagoga jurídico forense, lo que veo no me sorprende. Pero sí me preocupa profundamente la forma en que estamos leyendo este fenómeno. Porque si seguimos leyéndolo mal, vamos a seguir respondiendo mal.
El debate que se instaló: ¿travesura o delito?
Cuando publiqué mi análisis sobre este tema, los comentarios no tardaron en llegar. Docentes que se sintieron señalados. Padres que reclamaban mayor responsabilidad de las familias. Voces que relativizaban el fenómeno apelando a la memoria: "antes eran amenazas de bomba, esto siempre existió."
Es verdad: las amenazas en entornos escolares no son nuevas. Lo que mutó es el vector, la velocidad y el alcance. Una amenaza escrita en un baño en 1995 llegaba, como máximo, a quienes usaban ese baño. Una amenaza publicada en Instagram a las 10 de la noche puede paralizar un distrito escolar entero antes de las 8 de la mañana siguiente. La acción puede ser análoga; el impacto, exponencialmente diferente.
Pero más allá de la escala, lo que me interesa analizar es lo que hay detrás del gesto. Porque insistir en que "esto siempre existió" puede ser una forma legítima de contextualizar, o puede ser una forma de no ver lo que realmente está pasando.
La trampa del reparto de culpas
Cada vez que ocurre un episodio de este tipo, se activa un mecanismo que ya conocemos: la escuela responsabiliza a las familias por la falta de límites en el uso de pantallas; las familias señalan a la escuela por no contener a los alumnos; los medios culpan a las redes sociales; las plataformas argumentan que el problema es cultural. Todos tienen algo de razón. Y esa es precisamente la razón por la que ninguno termina siendo parte de la solución.
Quiero ser clara, porque en mis respuestas en redes lo sostuve y aquí lo sostengo con más espacio: el problema es estructural. No porque ningún actor tenga responsabilidad, sino porque la responsabilidad está distribuida en todo el sistema y no puede resolverse si uno solo de sus engranajes decide actuar en solitario.
Los docentes no son culpables de este fenómeno. Pero sí forman parte del sistema que puede o no generar condiciones para que ocurra menos seguido y se aborde mejor cuando ocurre. Lo mismo vale para las familias, para los equipos de orientación escolar, para los legisladores que diseñan los marcos normativos, y sí, también para las plataformas digitales que amplifican y monetizan el impacto.
Lo que ningún titular dice: ¿qué está comunicando ese adolescente?
Desde la psicopedagogía, trabajar con adolescentes implica aprender a escuchar lo que no se dice con palabras. Un reto viral en una escuela no es, en primer lugar, un problema de seguridad. Es una señal. Y como toda señal, tiene un emisor, un mensaje y un contexto que hay que saber leer.
Un adolescente que amenaza desde el anonimato digital está comunicando algo que, por algún motivo, no puede decir de otra manera. Puede estar expresando una necesidad de pertenencia no satisfecha, buscando reconocimiento en el único espacio donde siente que puede obtenerlo, mostrando una regulación emocional todavía inmadura, o simplemente respondiendo a un entorno que nunca habilitó otras formas de expresión.
La pantalla no crea ese malestar. Lo amplifica. Y lo hace visible cuando ya es tarde, cuando ya hay miedo instalado, cuando ya hay una causa judicial en ciernes.
Esto no es una justificación. Es un diagnóstico. Y sin diagnóstico preciso, no hay intervención posible.
La dimensión jurídica que pocos mencionan
En mi trabajo en el ámbito jurídico forense, me encuentro con una brecha preocupante: la mayoría de los adolescentes que protagonizan estos episodios genuinamente creen que el anonimato digital los protege. Y la mayoría de los adultos a su cargo tampoco conocen el alcance real de las consecuencias legales.
El anonimato digital no existe. Cada mensaje deja una huella técnica rastreable. Una amenaza pública (aunque sea formulada como "reto" o "broma") tiene consecuencias legales concretas. Y en el caso de menores de edad, la responsabilidad civil recae sobre sus tutores. Lo que empieza como un intento de conseguir likes puede terminar en una causa judicial que afecta a toda una familia.
Esta información tiene que llegar a tiempo, con claridad y sin catastrofismo. No para generar miedo, sino para que tanto adolescentes como adultos tomen decisiones con plena conciencia de lo que está en juego.
¿Qué puede hacer la escuela? ¿Qué puede hacer la familia?
La escuela no es culpable. Pero tampoco puede pretender ser la única respuesta. Lo que sí puede hacer es contar con protocolos claros ante amenazas digitales (que no impliquen viralizar las capturas, porque eso alimenta exactamente el ciclo que se busca interrumpir), implementar estrategias psicoeducativas de prevención que creen condiciones para que los adolescentes puedan hablar antes de que el malestar encuentre otra salida.
El nudo no está en si la escuela sanciona o no sanciona (ese es, en todo caso, un debate normativo y político que excede a cada institución particular). El nudo está en que la respuesta, sea cual sea, no puede prescindir de la comprensión. Una institución que reacciona ante el síntoma sin preguntarse qué lo originó va a volver a encontrarse frente al mismo escenario, con distintos protagonistas, el año que viene.
Las familias, por su parte, no pueden delegar en las pantallas la tarea de acompañar. No se trata de prohibir el acceso a la tecnología (eso ya no es ni posible ni deseable) sino de sostener conversaciones incómodas, estar presentes en el vínculo, y conocer los espacios digitales que sus hijos habitan tanto como conocen los físicos.
Comprender no es justificar: es el único camino real
Los retos virales no son el problema. Son el síntoma de algo más profundo: adolescentes que no encuentran otro modo de ser vistos, escuchados, o simplemente de existir en un mundo que se mueve a una velocidad que ningún adulto (docente, padre, profesional) sabe del todo cómo acompañar.
Mientras sigamos buscando un solo culpable, vamos a estar resolviendo el problema equivocado. El desafío es construir una respuesta que sea tan compleja como el fenómeno que queremos abordar: que involucre a la escuela, a las familias, al Estado, a las plataformas, a los equipos de salud mental y a los propios adolescentes. Que sancione cuando corresponda, pero que antes que eso, entienda.
Seguir culpando no alcanza. Comprender es el único camino.
Fuente: Lic. Irina Rubio, Psicopedagoga Jurídico Forense. Instagram: @pspforense. Mail: [email protected]
