La violencia digital se convirtió en una preocupación creciente para las familias y las escuelas. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el ciberacoso y la creación de contenidos falsos mediante inteligencia artificial pueden tener un fuerte impacto en la intimidad, la autoestima y la salud emocional de chicos y adolescentes.
En ese contexto, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Ema, una normativa orientada a prevenir y abordar la violencia digital en el ámbito escolar. ¿Qué cambia con esta legislación y por qué es importante dejar de responsabilizar a quienes sufren estas agresiones?
En esta columna, Natalia Denisse Rodríguez, abogada especialista en Derecho de Familia y Niñez, docente universitaria y cofundadora del Estudio Jurídico DR, reflexiona sobre los alcances de esta herramienta, el papel de las instituciones educativas y la necesidad de construir entornos digitales más seguros para las nuevas generaciones.
Ley Ema: una respuesta frente a la violencia digital que sufren chicos y adolescentes
Por Natalia Denisse Rodríguez
Como mujeres, abogadas y defensoras de los derechos de la niñez y de las mujeres, no podemos mirar este tema únicamente desde la fría letra de una norma o un expediente judicial. Detrás de cada captura de pantalla que se viraliza, de cada deepfake creado «a modo de broma», de cada foto íntima compartida en un grupo de chat o de cualquier conducta humillante —conocida durante años como bullying— hay una chica o un chico que sufre en soledad, siente una vergüenza paralizante y piensa que su vida social o su futuro se terminaron.
Esa es la verdadera dimensión del problema. Por eso, el dictado de la Ley Ema nos parece no solo necesario, sino profundamente urgente e impostergable.
Durante mucho tiempo, la respuesta del entorno frente a estas situaciones estuvo marcada por la culpa o la inacción. A las víctimas se les decía: «¿Para qué te sacaste esa foto?». A las escuelas, en tanto, se les planteaba: «Como pasó en WhatsApp y fuera del horario escolar, no nos corresponde actuar».
Esa mirada desampara a quien sufre la agresión y valida a quien la ejerce. La Ley Ema viene a cuestionar esa lógica injusta: pone el foco en la prevención y la concientización y, fundamentalmente, en quien difunde, manipula o genera contenido sin consentimiento, no en quien confió o simplemente vio vulnerada su imagen.
Las instituciones educativas tampoco pueden mirar para otro lado con el argumento de que «las redes son un mundo aparte». El sufrimiento de ese niño o niña entra al aula todos los días. La ley les brinda a docentes y directivos un marco para actuar con contención, rapidez y sensibilidad, sin exponer ni revictimizar a nadie.
Un camino de construcción normativa: de Olimpia y Belén a la Ley Ema
Este horizonte de protección no surge de cero. Se inserta en un andamiaje legal que, en Argentina, viene a dar respuesta a los vacíos históricos frente a las violencias mediáticas y digitales.
La Ley Olimpia (27.736) marcó un punto de inflexión al incorporar formalmente la violencia digital a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. De este modo, reconoció institucionalmente que la intimidad digital es un derecho humano y que su vulneración constituye una forma explícita de violencia de género.
En la misma línea, el Proyecto de Ley Belén visibilizó la necesidad de saldar el vacío punitivo del Código Penal ante la difusión no consentida de material íntimo.
Sin embargo, desde el fuero de familia y en nuestra labor cotidiana con las infancias advertíamos que faltaba un eslabón fundamental: la prevención temprana y un abordaje específico en el territorio donde transcurre la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, es decir, las escuelas.
El peligro invisible de la inteligencia artificial
Hoy nos enfrentamos a un salto cualitativo: la creación de deepfakes íntimos mediante inteligencia artificial. Esto no es una simple «travesura digital» ni un uso inofensivo de la tecnología. Es una agresión profundamente violenta y, muchas veces, machista, que vulnera la identidad y la dignidad de una persona.
Para el derecho y para la psiquis de un adolescente, el daño psicológico es exactamente el mismo, sea que la imagen sea real o que haya sido creada mediante una manipulación algorítmica.
No podemos exigirles a las nuevas generaciones que crezcan integradas a un mundo hiperconectado y, al mismo tiempo, dejarlas desprotegidas cuando ese entorno digital se vuelve hostil.
La Ley Ema entiende que la respuesta debe ser colectiva. En ese sentido, incorpora una articulación obligatoria ante estos casos con organismos estatales especializados, como los Servicios Locales para la Niñez, las líneas de atención integral 102 y 144, los órganos judiciales especializados en cibercrimen, violencia o materia penal —si el caso lo requiere— y las instituciones de salud mental.
La Ley Ema es, en su esencia más íntima, un acto de empatía colectiva y de responsabilidad adulta. Es el Estado y la comunidad diciéndoles a nuestras pibas y pibes: «No estás solo, no es tu culpa, te escuchamos y como sociedad tenemos las herramientas para cuidar tu intimidad, tu honor y tu tranquilidad».
No podemos pedirles a las nuevas generaciones que vivan en un mundo hiperconectado y dejarlas solas cuando necesitan protección. Garantizar este piso mínimo de cuidado es, ni más ni menos, garantizarles el derecho a vivir sin miedo.
Natalia Denisse Rodríguez. Abogada especialista en Derecho de Familia y Niñez. Docente universitaria de Derecho. Comunicadora y analista jurídica. Co-fundadora de Estudio Jurídico DR
