Wanda Nara e Icardi: qué derechos tienen sus hijas
 

Wanda Nara y Mauro Icardi: qué dice la ley sobre el derecho de sus hijas a ser escuchadas, según especialistas

Wanda Nara explicó cómo cumplirá con la orden de la Justicia de restituirle sus hijas a Mauro Icardi
En medio del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, dos abogadas especialistas en Derecho de Familia y Niñez analizan qué establece la ley sobre el derecho de sus hijas a ser escuchadas. El interés superior del niño, la violencia psicológica, la privacidad y el rol de la Cámara Gesell son algunos de los ejes de la columna.
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El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a poner en el centro de la escena a sus hijas Francesca e Isabella, y abrió un debate sobre el lugar que deben ocupar las niñas cuando sus padres atraviesan una disputa.

En medio de las distintas versiones que circulan públicamente y de las instancias judiciales que buscan esclarecer los hechos denunciados, una cuestión resulta fundamental: cómo garantizar que sus voces sean escuchadas y que sus derechos estén protegidos, sin trasladarles responsabilidades que corresponden a los adultos.

Sobre este tema reflexionan las doctoras Ana Paula Duarte y Natalia Denisse Rodríguez, abogadas de Familia con perspectiva de género y niñez. En una columna de opinión exclusiva de Para Ti, las especialistas analizan qué establece la legislación argentina sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, el principio del interés superior del niño, las posibles consecuencias de la violencia psicológica y el rol que puede cumplir la Cámara Gesell en una investigación judicial.

A continuación, la columna completa:

Wanda Nara y Mauro Icardi: ¿qué dice la ley sobre la voz de sus hijas en el conflicto judicial?

  • Por las Dras. Ana Paula Duarte y Natalia Denisse Rodríguez, abogadas de Familia con perspectiva de género y niñez.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a poner en discusión una cuestión fundamental del Derecho de Familia: el lugar que ocupan los niños, niñas y adolescentes cuando sus progenitores se encuentran enfrentados.

Desde nuestra labor como abogadas de familia con perspectiva de género y niñez, consideramos necesario recordar que los hijos no son propiedad de sus padres ni objetos sobre los cuales puedan disputarse derechos. Son sujetos de derechos, con voz propia, necesidades particulares y una protección jurídica reforzada que debe prevalecer sobre los intereses de los adultos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el Código Civil y Comercial de la Nación establecen un marco de protección basado en tres principios fundamentales: el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído.

Estos principios deben orientar tanto las decisiones judiciales como la conducta de los adultos responsables, especialmente cuando existen denuncias de violencia o situaciones que podrían comprometer la integridad física o psicológica de los niños involucrados.

1. ¿Ser oída le da poder de decisión?

El derecho a ser oído se encuentra expresamente reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley 26.061 y en los artículos 26, 639 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sin embargo, debemos distinguir entre escuchar la voluntad de una niña y trasladarle la responsabilidad de resolver un conflicto entre sus progenitores.

Su opinión debe ser considerada conforme a su edad, madurez y grado de autonomía progresiva. Esto significa que, a medida que desarrolla mayor capacidad de comprensión, su voluntad adquiere una relevancia creciente en las decisiones que afectan su vida.

Ana Paula Duarte y
Natalia Denisse Rodríguez, abogadas con perspectiva de género y niñez. Foto Instagram

Ahora bien, el derecho a ser escuchada no implica que deba elegir entre su madre y su padre, ni que su opinión determine automáticamente el resultado de un proceso judicial.

Tampoco significa que su voluntad pueda ser desestimada simplemente por ser menor de edad. La Justicia tiene la obligación de escucharla, valorar sus manifestaciones y explicar de qué manera estas fueron consideradas al momento de resolver.

Es importante comprender que escuchar a una niña no consiste únicamente en preguntarle qué quiere. También implica comprender qué siente, qué necesita, cuáles son sus temores y qué circunstancias pueden estar condicionando su voluntad.

Obviamente que esta escucha debe hacerse con el auxilio de personal idóneo para detectar cambios de ánimo, angustias y otras señales que no son fácilmente detectables.

También es necesario recordar que es requisito ineludible ante denuncias de violencia intrafamiliar que tienen a los niños por víctimas. Quizás en algunos casos se hubieran podido, incluso, salvar vidas si hubieran escuchado a los niños que a gritos pedían protección.

Desde una perspectiva de niñez, consideramos fundamental evitar que el ejercicio de este derecho se transforme en una carga emocional adicional, ya que la niña tiene derecho a expresar su voluntad, pero no debe cargar con la responsabilidad de resolver los conflictos de los adultos.

2. ¿Cuánto de lo que circula públicamente proviene de ella y cuánto son versiones de los adultos?

Esta es una de las cuestiones más delicadas del caso.

No podemos determinar, a partir de declaraciones mediáticas, qué manifestaciones corresponden efectivamente a las niñas y cuáles constituyen interpretaciones, relatos o versiones de los adultos involucrados.

Precisamente por eso resulta indispensable garantizar que puedan expresarse en ámbitos adecuados, protegidos y libres de presiones.

En los conflictos familiares de alta exposición pública existe el riesgo de que la voz de los niños quede desplazada por los discursos de sus progenitores, sus representantes legales o las personas de su entorno.

Asimismo, desde una perspectiva de género, es imprescindible advertir cómo los estereotipos patriarcales operan tanto en el ámbito mediático como en el judicial: suele juzgarse con mayor severidad a las madres cuidadoras principales, etiquetándolas rápidamente de “conflictivas”, “manipuladoras” o “ventajeras” cuando denuncian situaciones de vulneración, buscando desestabilizar su rol de cuidado y deslegitimar su palabra.

Desde nuestra perspectiva profesional, debemos ser especialmente cuidadosos cuando se pretende utilizar la voluntad de un niño como argumento para respaldar la posición de alguno de los adultos. Instrumentalizar a los hijos e hijas para dañar, presionar o desacreditar a la madre -dinámica conocida como violencia vicaria o instrumental- constituye en sí misma una grave vulneración a su derecho a crecer en un entorno libre de maltrato emocional.

Los niños no deben ser colocados en la situación de tener que demostrar afecto, lealtad o preferencia hacia uno de sus progenitores.

Cómo fue el reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas
Mauro Icardi con sus hijas, Francesca e Isabella.

Asimismo, debemos recordar que el derecho a ser oído convive con otros derechos igualmente importantes, como la intimidad, la dignidad y la protección de la propia imagen.

El hecho de que sus padres sean figuras públicas no implica que sus hijas hayan perdido su derecho a la privacidad. La exposición mediática de sus manifestaciones, conflictos y experiencias personales puede generar una afectación adicional que debe ser especialmente considerada.

Por ello, los funcionarios judiciales deben dictar medidas cautelares estrictas que prohíban la divulgación pública de las actuaciones que involucren a las niñas, sancionando a los adultos que utilicen los medios de comunicación para exponer su intimidad y revictimizarlas.

La voz de una niña debe ser escuchada por quienes tienen la responsabilidad de protegerla, no utilizada como una herramienta de confrontación pública.

3. ¿Qué lugar ocupa su interés en un conflicto que se debate a la vista de todos?

Desde el punto de vista jurídico, su interés debe ocupar un lugar central y prevalente.

El interés superior del niño no es una expresión meramente declarativa. Es un principio jurídico que obliga a adoptar las decisiones que mejor garanticen la protección integral de sus derechos.

Esto implica que, frente a un conflicto entre progenitores, la Justicia no debe limitarse a determinar cuál de ellos tiene razón, sino analizar qué medidas resultan más adecuadas para proteger la integridad física y psicológica, la estabilidad emocional y el desarrollo de los niños involucrados.

En este sentido, resulta fundamental destacar que el derecho de los niños a mantener vínculos familiares no puede analizarse de manera aislada de su derecho a vivir libres de violencia.

El contacto con ambos progenitores constituye, como regla general, un aspecto importante de su desarrollo, pero no puede imponerse de manera automática, desconociendo situaciones de riesgo, temor o posibles afectaciones a su integridad.

Cuando existen denuncias de violencia, el abordaje judicial debe incorporar una evaluación seria y contextualizada de los hechos, sin minimizar las manifestaciones de los niños ni anticipar responsabilidades que todavía deben ser determinadas.

Wanda Nara y sus hijas
Wanda Nara con las niñas.

La perspectiva de género y niñez exige comprender que los conflictos familiares no se desarrollan en condiciones de simetría, sino atravesados por desigualdades estructurales de poder económico, simbólico y mediático entre varones y mujeres.

Asimismo, resulta indispensable entender que la violencia de género ejercida contra la madre impacta de manera directa en sus hijos e hijas: quienes presencian o conviven en entornos de agresión hacia su figura materna son víctimas directas de violencia psicológica y emocional. Separar el análisis de la violencia hacia la mujer de la protección integral de las infancias constituye un error conceptual y jurídico.

La protección de los vínculos familiares y la protección frente a la violencia no deben plantearse como derechos enfrentados. Por el contrario, cualquier decisión sobre el contacto familiar debe garantizar que ese vínculo pueda desarrollarse en condiciones compatibles con la seguridad y el bienestar de los niños.

El interés superior de una niña no puede quedar subordinado al derecho que alguno de sus progenitores pretende ejercer, ni a la necesidad de demostrar quién gana o pierde una disputa judicial.

4. ¿Las lesiones son solamente físicas? ¿Qué secuelas pueden dejar las psicológicas?

No. La integridad de una persona comprende tanto su dimensión física como psicológica, y ambas merecen protección jurídica.

Cuando hablamos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, resulta indispensable comprender que no todas las afectaciones dejan marcas visibles.

Las situaciones de violencia, amenazas, intimidación, miedo o exposición reiterada a conflictos familiares intensos -incluyendo los ataques sistemáticos hacia la madre o el uso de los hijos como instrumento de disputa- pueden generar consecuencias emocionales significativas.

Entre sus posibles manifestaciones se encuentran la ansiedad, la angustia, las alteraciones del sueño, las dificultades escolares, los cambios de conducta, el temor y los sentimientos de culpa, entre otras.

En algunos casos, las consecuencias psicológicas pueden persistir incluso después de que haya cesado la situación que las originó.

Por supuesto, esto no significa que podamos afirmar que esas secuelas existen en las niñas involucradas en este caso. Para determinarlo resulta necesaria una evaluación profesional, respetuosa de sus derechos y de las circunstancias particulares.

También corresponde diferenciar la existencia de una afectación psicológica de su acreditación jurídica, especialmente cuando se investiga la posible comisión de un delito.

Sin embargo, hay algo que debemos destacar: la ausencia de lesiones físicas visibles no permite descartar automáticamente la existencia de otras formas de daño.

La Ley 26.061 reconoce expresamente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser sometidos a tratos violentos, discriminatorios, humillantes o intimidatorios, así como a recibir protección frente a cualquier forma de abuso o maltrato.

Por eso, desde una perspectiva de protección integral, no podemos reducir la violencia exclusivamente a sus manifestaciones físicas.

La salud mental de los niños merece la misma seriedad y atención que su salud física, tal como prevé la OMS en su concepto publicado de “salud”: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

5. ¿Qué es la Cámara Gesell y qué importancia tendrá en este caso?

Según la información que ha trascendido públicamente, se encuentra prevista para la próxima semana la realización de entrevistas a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mediante el procedimiento de Cámara Gesell, en el marco de la investigación judicial por presuntas lesiones.

La Cámara Gesell es un dispositivo especialmente diseñado para recibir el testimonio de niños, niñas y adolescentes en un entorno protegido, procurando evitar su exposición a interrogatorios directos y situaciones que puedan generar una nueva afectación emocional.

En el ámbito penal, este procedimiento se encuentra contemplado, entre otras disposiciones aplicables, en los artículos 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación, sin perjuicio de las particularidades del régimen procesal correspondiente.

La entrevista es realizada por un profesional especializado, generalmente de la psicología, que utiliza técnicas de comunicación adecuadas a la edad y al desarrollo del niño.

El procedimiento permite, según las condiciones y reglas aplicables, que los operadores judiciales autorizados observen la entrevista desde otro espacio, sin intervenir directamente en el diálogo. Las preguntas que las partes consideren necesarias deben canalizarse mediante los mecanismos previstos, evitando someter a la niña a un interrogatorio convencional.

Una de sus principales finalidades es prevenir la revictimización, es decir, evitar que quien podría haber atravesado una situación traumática deba repetir innecesariamente su relato ante múltiples personas o exponerse a circunstancias que profundicen su malestar.

Es importante aclarar que la Cámara Gesell no constituye por sí misma una pericia psicológica destinada a determinar si una niña dice la verdad.

Su finalidad es obtener un testimonio en condiciones adecuadas de protección, que posteriormente deberá ser valorado por la Justicia junto con los restantes elementos probatorios.

Tampoco debe confundirse esta instancia con un procedimiento destinado a determinar automáticamente con cuál de sus progenitores quiere estar una niña o si desea mantener contacto con alguno de ellos.

El objetivo de la medida, dentro de una investigación penal, es obtener información relevante sobre los hechos investigados, respetando las garantías procesales y los derechos de las niñas.

En este sentido, es fundamental que sus manifestaciones no sean interpretadas de manera aislada ni utilizadas para anticipar conclusiones sobre las responsabilidades de los adultos, ni para alimentar narrativas que patologicen el vínculo materno o invaliden el relato infantil bajo sospechas infundadas de manipulación.

También debe evitarse que, una vez realizada la entrevista, su contenido se transforme en material de exposición mediática. La reserva y protección de la intimidad de las niñas deben mantenerse durante todo el proceso, bajo estricto resguardo judicial.

Desde nuestra perspectiva, la importancia de esta medida no radica en obtener una declaración que favorezca a alguno de los progenitores, sino en garantizar que las niñas puedan expresarse en condiciones adecuadas y que sus manifestaciones sean incorporadas y valoradas por la Justicia con las garantías correspondientes.

La Cámara Gesell no debe convertirse en una instancia para determinar qué progenitor tiene razón. Debe ser una herramienta de protección y de producción de prueba, donde la voz de las niñas sea escuchada sin presiones, sin condicionamientos y sin trasladarles responsabilidades que corresponden a los adultos.

Reflexión final

Como abogadas dedicadas al Derecho de Familia, con perspectiva de género y niñez, consideramos que este caso representa una oportunidad para reflexionar sobre una problemática que trasciende ampliamente a las personas involucradas.

Los conflictos familiares no son competencias en las que deba existir un ganador y un perdedor cuando están comprometidos los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El desafío de la Justicia consiste en garantizar que sus voces sean escuchadas, que sus necesidades sean comprendidas y que las decisiones se adopten priorizando su protección integral, erradicando los estereotipos de género que criminalizan o deslegitiman a las madres y reconociendo que garantizar una infancia libre de violencia exige proteger tanto a las niñas como a quienes ejercen su cuidado.

La perspectiva de niñez nos exige dejar de mirar estos conflictos exclusivamente desde los derechos que reclaman los adultos y comenzar a analizarlos desde los derechos que necesitan ejercer y ver garantizados los niños.

Porque escuchar no es obligar a elegir, proteger no es imponer un vínculo a cualquier costo y garantizar derechos no es satisfacer automáticamente las pretensiones de los progenitores.

Los niños no deben ser utilizados para resolver los conflictos de los adultos. Son los adultos y las instituciones quienes tienen la responsabilidad de resolver esos conflictos sin vulnerar los derechos de los niños.

Dra. Ana Paula Duarte. Abogada especialista en Derecho de Familia y Niñez. Docente universitaria de Derecho. Comunicadora y analista jurídica.

Dra. Natalia Denisse Rodríguez. Abogada especialista en Derecho de Familia y Niñez. Docente universitaria de Derecho. Comunicadora y analista jurídica. Cofundadora de Estudio Jurídico DR. Instagram: https://www.instagram.com/drestudioylegales/

 
   

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