Una denuncia vecinal puso al descubierto una situación de extrema vulnerabilidad en una vivienda de Esquel, Chubut. Un bioquímico de 71 años fue detenido y quedó en prisión preventiva, acusado de privar de la libertad a su pareja y a sus tres hijos y de abandono de personas. Las ventanas tapadas, los gritos durante la noche y la falta de contacto de los jóvenes con el exterior fueron algunas de las señales que llevaron a las autoridades a intervenir.
El caso generó conmoción por las circunstancias en las que fue encontrada la familia y por las preguntas que todavía intenta responder la Justicia: cuánto tiempo habría durado el aislamiento, en qué condiciones vivían sus integrantes y qué consecuencias pudo haber tenido esa situación sobre su salud y su desarrollo.
Las señales que despertaron las sospechas de los vecinos
La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando una vecina presentó una denuncia ante la Policía de Esquel. Según trascendió, le llamaba la atención que las ventanas de la casa permanecieran cubiertas con telas o papeles y que los hijos de la pareja casi nunca fueran vistos en la calle.
También había otros indicios que generaban preocupación: la actividad dentro de la vivienda parecía concentrarse durante la noche y, en algunas ocasiones, se escuchaban gritos de una mujer durante la madrugada.
La situación motivó la intervención de la Policía Comunitaria y del Juzgado de Familia, que dispuso la participación del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Sin embargo, cuando los profesionales se presentaron en el domicilio, el hombre que los atendió no les permitió ingresar ni entrevistar a los demás integrantes de la familia.
El informe elaborado tras esa intervención advirtió sobre un posible escenario de riesgo inminente. Con esos elementos, la Fiscalía avanzó con la investigación y solicitó una orden de allanamiento urgente.
El allanamiento y el rescate de la familia
El operativo se concretó el jueves 22 de octubre en una vivienda ubicada en el pasaje La Cascada al 600. Participaron efectivos policiales y profesionales de distintas áreas, entre ellos equipos vinculados con la protección de derechos y la atención sanitaria.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, durante el procedimiento se produjeron momentos de tensión. Los pedidos de auxilio que se escucharon desde el interior de la propiedad precipitaron el ingreso de los efectivos, que redujeron al sospechoso y lo detuvieron.
Dentro de la casa encontraron a la mujer y a sus tres hijos, que habrían permanecido aislados del exterior. Las primeras descripciones oficiales señalaron que el inmueble tenía numerosas habitaciones y presentaba un importante desorden. También se encontraron alimentos en buen y mal estado.
La situación de la familia encendió las alarmas de los equipos intervinientes. La mujer y los jóvenes quedaron bajo asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, mientras los organismos de protección comenzaron a trabajar para garantizar su cuidado.
La investigación deberá determinar con precisión las condiciones en las que vivían, su estado de salud y el alcance de la situación de aislamiento. Por el momento, las autoridades evitaron adelantar conclusiones definitivas sobre las consecuencias físicas y psicológicas que pudieron haber sufrido.
Quién es Miguel Edgardo Battista, el bioquímico detenido
El acusado fue identificado como Miguel Edgardo Battista, de 71 años, quien había tenido exposición pública durante la pandemia de Covid-19.
En 2020, el hombre participó de entrevistas televisivas en las que se presentó como profesional de la salud y habló de un producto a base de extracto de alfalfa al que atribuía propiedades para prevenir, tratar o acortar los efectos del coronavirus. La eficacia de esas afirmaciones no quedó respaldada por evidencia clínica presentada públicamente.
Según informó Clarín, Battista figura matriculado como bioquímico y farmacéutico en la Ciudad de Buenos Aires, pero el medio no encontró una matrícula médica vigente a su nombre en los registros oficiales consultados.
Ese antecedente volvió a cobrar relevancia tras conocerse la investigación judicial en su contra. De todos modos, el eje de la causa actual es determinar qué ocurrió dentro de la vivienda de Esquel y establecer las eventuales responsabilidades penales del acusado.
De qué se lo acusa y qué resolvió la Justicia
Tras su detención, Battista fue imputado provisoriamente por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. La Fiscalía investiga los hechos y reúne pruebas para determinar las circunstancias en las que se habría desarrollado el aislamiento.
El viernes 23 de octubre, el juez José Luis Ennis dispuso diez días de prisión preventiva. La medida fue confirmada posteriormente tras una revisión solicitada por la defensa, según informó el medio regional RTN.
La prisión preventiva no implica una condena: es una medida cautelar mientras avanza la investigación. Durante esta etapa, la Fiscalía deberá reunir testimonios, analizar elementos secuestrados y avanzar con distintas pericias.
Entre las cuestiones que deben esclarecerse están el tiempo que habría durado el aislamiento, las condiciones de vida de la familia y el estado psicofísico de las personas involucradas. También se prevé una evaluación del propio imputado.
La escolarización de los hijos, otro punto clave de la investigación
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la situación educativa y social de los tres hijos, de 19, 17 y 13 años. Según las declaraciones difundidas por las funcionarias judiciales, los jóvenes no asistían a la escuela ni compartían actividades con otros chicos.
La falta de escolarización y de contacto social forma parte de las cuestiones que se investigan para establecer si se vulneraron sus derechos y qué consecuencias pudo haber tenido el aislamiento sobre su desarrollo.
En este contexto, también circularon versiones sobre un posible analfabetismo forzado. Sin embargo, no corresponde presentarlo como un hecho probado ni como un diagnóstico confirmado: será necesario conocer las evaluaciones profesionales y la documentación que se incorpore a la causa.
Por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad y con dos hijos menores de edad, las autoridades pidieron resguardar su identidad y evitar la difusión de datos que puedan exponerlos o contribuir a su revictimización.
Mientras reciben asistencia y acompañamiento, la investigación continúa para reconstruir lo ocurrido dentro de la casa de Esquel. La denuncia de una vecina permitió activar la intervención institucional, pero todavía quedan preguntas centrales por responder sobre la vida de la familia y las responsabilidades que puedan establecerse ante la Justicia.
